Las denuncias por el control y la fiscalización de las tragamonedas en Paraguay han impulsado un proyecto de regulación que ayer (jueves 22) ha obtenido el visto bueno del Senado Nacional, tras una hora de debate en la Cámara.
La medida establece que las municipalidades tengan la “potestad directa” para otorgar permisos de explotación de slots, además de añadir nuevas condiciones de protección de jugadores problemáticos y menores de edad.
Durante el debate de ayer, también se introdujeron cambios para “endurecer los castigos” a los operadores que incumplan con las disposiciones, como podrán ser la confiscación y la destrucción de las máquinas de juego.
Por otro lado, según informó ABC, se establecerá un registro tecnológico de “trazabilidad” de operadores y clientes para llevar un control financiero transparente, rápido y accesible.
Es probable que, con la aprobación final de la ley, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) deba rescindir el controversial contrato con la empresa iCrop S.A., ya que cada municipalidad tendría el poder de controlar y fiscalizar sus propios mercados, junto con la autoridad nacional del juego.
Ante esto, el senador Blas Llano, impulsor del proyecto regulatorio, remarcó que el próximo 28 de julio interpelarán al titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz, a quien también calificó de “mafioso y corrupto”.
La interpelación se basará en la denuncia de la senadora Esperanza Martínez, quien a su vez, se hizo eco de las declaraciones del ex titular de Conajzar Javier Balbuena, que reveló que el regulador local ha tercerizado el control sobre el uso de las tragamonedas en el país y que “prácticamente se privatizó Conajzar”.
El contrato entre Conajzar y iCrop fue duramente cuestionado en las últimas semanas, ya que no ha respondido al proceso de licitación obligatorio en estos casos ni se ha compartido información al respecto. En este marco, Ortiz ha sido acusado de corrupción.
Paralelamente, el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez encargó a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) que investigue el contrato alcanzado. El ministro de la Secretaría, René Fernández, ya detalló que han enviado dos solicitudes de información a Conajzar que aún no han obtenido respuesta.
Tras las denuncias, en un informe del medio local ABC, se estimó que “teniendo en cuenta que el compromiso de regulación es de 50.000 tragamonedas, la compañía reportará una ganancia de 10.597 millones de guaraníes al mes, que al tipo de cambio actual supera los 1,5 millones de dólares, mientras que el Estado recibirá unos 652.229 dólares al mes”.
