Desde hace varios meses, distintos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía intentaron implementar sus propias regulaciones sobre el juego presencial. Por el momento, las propuestas fueron rechazadas por la Junta de Andalucía, que considera que debe aplicarse una regulación uniforme que contemple a la Comunidad Autónoma en su totalidad.
En este marco, el Gobierno de Andalucía presentó su legislación sobre la materia, que ha sido considerada como “absolutamente insuficiente” por el actual ministro de Consumo de España Alberto Garzón. En posteriores declaraciones, el funcionario también exigió a la Junta que permita que cada ayuntamiento regule su industria presencial.
Los ayuntamientos podrían tener un mayor control sobre la cantidad de casas de apuestas y salones de juego que se abrirían en las ciudades mediante las modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, la Junta de Andalucía se opone a que los PGOUs tengan una mayor implicancia en la regulación del juego que la ley de la Comunidad Autónoma.
Actualmente, Málaga, Cádiz y otras ciudades locales han demandado a la Junta para poder aplicar las modificaciones a sus PGOUs y prohibir así la apertura de nuevos establecimientos de juegos y apuestas.
Asimismo, la alcaldesa del municipio español de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, junto con la parlamentaria y secretaria general del partido PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, presentaron ante la Cámara un pedido para que se revele por qué la Junta de Andalucía busca prohibir las limitaciones al juego.
