La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Codere se reunió ayer (martes 11) para realizar distintas votaciones, incluyendo el acuerdo de reestructuración propuesto para liquidar la sociedad actual y trasladar los activos a una nueva.
En un comunicado, la Junta aseguró que se ratificó con “amplia mayoría” el acuerdo alcanzado con los acreedores del grupo y propuesto por el Consejo de Administración.
Así, se inyectarán 225 millones de euros adicionales en forma de bonos y se capitalizará la deuda hasta 367 millones de euros, correspondientes a parte de los bonos senior garantizados ya existentes, por lo que se situaría la deuda “en niveles considerados sostenibles una vez normalizado el negocio”. Consecuentemente, el vencimiento de la deuda se extiende hasta septiembre de 2026 y noviembre de 2027.
El ingreso de estos nuevos fondos se dará a través de una emisión adicional de bonos super senior por 100 millones de euros, de los cuales 30 millones se aportarán inmediatamente y 70 millones, antes de finales de mayo. En una segunda instancia, se proporcionarán al cierre del proceso de reestructuración los 125 millones restantes.
“Con este proceso Codere considera, en función de las estimaciones actuales, que se asegura la viabilidad de la compañía, gracias a la confianza de sus bonistas en las perspectivas del grupo, en su equipo gestor y en los más de diez mil empleados que integran la organización”, dijo la compañía.
Al completar el proceso de reestructuración, se creará una nueva sociedad que agrupe la actividad operativa, para luego solicitar la liquidación de Codere SA.
“La compañía prevé solicitar a su vez la liquidación de Codere S.A., proceso que permitiría que sus actuales accionistas pudieran pasar a tener participaciones en el capital de la nueva cabecera del grupo u, opcionalmente, una compensación económica que resultaría de la venta de la parte proporcional de sus acciones”, concluyeron.
Por su parte, la familia fundadora y accionista minoritaria de Codere, Martínez Sampedro, advirtió antes de la reunión que, si la votación resultara positiva a favor de la reestructuración, llevarían a cabo nuevas medidas legales, sobre todo porque sus acciones bajarían de un 14 por ciento a un 5 por ciento.
“La aprobación del canje de deuda, según está planteado, carece de legitimidad y su aprobación supondrá un claro abuso de mayoría. Tendrá consecuencias legales con el inicio de las pertinentes actuaciones contra los actuales administradores de Codere [por la] flagrante negligencia demostrada en la gestión de la compañía y el consiguiente perjuicio que supone para los intereses de los accionistas minoritarios”, dijo José Antonio Martínez Sampedro.
