La Asociación de Casinos volvió a hacer énfasis en las irregularidades que perciben en el proceso de licitación propuesto por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) para los 12 casinos cuyos permisos actuales vencen entre 2023 y 2024.
Con la reactivación del proceso el pasado 24 de mayo, los operadores tienen tiempo de presentar las ofertas económicas y demás documentos de interés el próximo 18 de octubre.
Ante esto, Ricardo Abdala, presidente de la organización, dijo al diario La Tercera que “la situación que enfrenta la industria de casinos de juegos en el proceso de licitación es compleja y decepcionante, porque lamentablemente la superintendenta Vivien Villagrán no ha dado las garantías básicas para la realización de un proceso transparente y competitivo”.
Y agregó: “Desde el año pasado hemos venido alertando que la autoridad está imponiendo a los operadores un modelo de licitación que no está apegado al marco legal vigente y que, además, ha resultado fallido, según queda en evidencia ante los acontecimientos vistos en el último tiempo. Sin embargo, no hemos sido escuchados, ni hemos visto un interés de diálogo por parte del regulador. Por el contrario, hemos sido empujados a participar de un proceso que se basa en un modelo de licitación que ha demostrado que no sirve”.
Las empresas operadoras junto con la Asociación de Casinos ya habían denunciado que “esta ruta trazada por la superintendencia y respaldada por la subsecretaría de Hacienda tiene consecuencias muy negativas para nuestro sector”. Los actuales operadores han invertido más de 1.400 millones en los casinos, ante la promesa inicial —hace 15 años— de que tendrán derecho preferente para prorrogar sus licencias por otros 15 años.
En 2015 se aprobó una renovación de la ley de juego que orientó las bases y condiciones publicadas por la SCJ esta semana para iniciar un nuevo proceso de licitación sobre los 12 casinos que perderán la vigencia de sus permisos entre el 29 de julio de 2023 y el 14 de mayo de 2024. Sin embargo, los operadores insisten en que “en la misma ley se estableció un párrafo que estipulaba que ‘los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación’”.
Como respuesta, el regulador fue contundente: “La SCJ aplica la ley. Ante la divergente opinión de algunos actores de la industria, diversas Cortes de Apelaciones del país han ratificado el actuar de este organismo en siete casos a la fecha, estableciendo que la Superintendencia no ha incurrido en ilegalidad alguna, ni infracción de reglamentos ni de disposiciones aplicables en la materia, limitándose, por el contrario, a cumplir cabalmente la ley vigente”.
Con este panorama, se esperan las resoluciones judiciales presentadas por varios operadores, entre ellos, Dreams y Marina del Sol, para conocer si la SCJ dará marcha atrás o si continuará con el proceso de licitación ya iniciado.
