La Comunidad Autónoma española de Castilla y León busca evitar que cada ayuntamiento en particular regule la industria del juego y las apuestas, con el fin de establecer una norma uniforme en todo el territorio.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Burgos decidieron enfrentar esta solicitud y permitir que siga en vigor la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en febrero de este año, que impide la instalación de nuevas casas de apuestas y salones de juego presencial.
La Junta de Castilla y León considera que las regulaciones particulares en cada municipio generan un “complicado encaje legal”, ya que la normativa “vacía de contenido el reparto de competencias entre comunidades autónomas y entidades locales y va mucho más allá de lo que es un planeamiento urbanístico”.
Por su parte, la capital provincial debate acudir a los tribunales, mientras que el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, dijo que el ayuntamiento “no interfiere en las competencias autonómicas: la Junta regula la actividad, el Consistorio aborda la cuestión desde un enfoque urbanístico”. Asimismo, aseguró que no tienen “miedo” a perder contra el Gobierno autonómico, como informó eldiario.es.
El Ayuntamiento de Burgos enviará su respuesta a la Junta de Castilla y León, que ya anunció que su posición surge de la respuesta del sector privado del juego, que está preparando argumentos legales que demuestran que los ayuntamientos no tienen capacidad de regulación del juego.
De esta forma, argumentan que “se trata de evitar que cualquier administración pública pueda ser condenada a una indemnización millonaria por esta causa”.
