Tras la presentación del titular de la Conajzar, el Senado pide mejorar la transparencia del organismo

Ayer (miércoles 28), el titular de la Comi­sión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz, fue interpelado por el Senado de Paraguay, luego de las controversias surgidas por la contratación de la empresa iCrop S.A. para que fiscalice las tragamonedas del país, y por las denuncias de corrupción presentadas por los beneficiarios de los fondos estatales del juego, que aseguran que no han cobrado lo correspondiente.

Ortiz respondió a 15 preguntas de los senadores y a consultas específicas surgidas tras su discurso, donde propuso “contar con un marco regulatorio que otorgue a las instituciones las prerrogativas y jerarquice a la Conajzar, para lo cual se necesita del apoyo del Senado”, según informó Última Hora.

En este marco, el titular de la Conajzar también argumentó que “la institución no tiene la estructura suficiente y solo cuenta con 16 funcionarios para atender todo el complejo sector de los juegos de azar. No hay gestión eficaz y eficiente que se pueda realizar en estas condiciones”.

Por su parte, el legislador Juan Carlos Galaverna respondió que “lo que corresponde es un proyecto de declaración para exhortar al Poder Ejecutivo para mejorar esta institución, para regular la proliferación de los juegos de azar que están al alcance de los niños”, mientras calificó como “lamentable” el rol de la Conajzar en la negociación por el control de las slots.

A esto se sumó la opinión de Fernando Silva Facetti, que solicitó que se recorten los fondos para el organismo regulador del juego y se destinen a otro tipo de institución pública. 

Las críticas acompañan la posición general del Senado de Paraguay, que busca reestructurar a la Conajzar para asegurar la transparencia y terminar con las controversias y acusaciones de corrupción.

Así, el senador Jorge Querey remarcó: “Las empresas no pueden cobrar cánones, esto tiene una doble cuestión, por un lado, discutir el voto de censura y, por otro lado, hay suficientes elementos como para que esto sea llevado a la Fiscalía por la alta sospecha de lesión de confianza”.

Para concluir la sesión, el presidente del Senado, Óscar Salomón, estableció el plazo de 20 días para “presentar el pedido formal del voto censura y, a partir de ahí, otros 20 días para que se ponga a consideración del pleno, debido a que muchas de las consultas fueron mal contestadas, mal respondidas o evadidas”.