En un reporte de la Contraloría General de la República (CGR), que descartó una conexión económica entre las empresas de casinos y fideicomisos ciegos del presidente de Chile Sebastián Piñera, el organismo nacional anunció una auditoría en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
Mientras que el organismo regulador del juego respondió que “la Superintendencia presentará antecedentes complementarios que permiten solicitar la reconsideración de lo dictaminado por la Contraloría acerca del actuar del servicio, de acuerdo con la normativa vigente”, la Asociación Chilena de Casinos de Juego hizo público su apoyo a la investigación.
De acuerdo al comunicado, compartido por La Tercera, la Asociación dijo que “durante más de un año, la industria de casinos ha venido señalando que diversas actuaciones del regulador son contrarias a derecho y nos hemos visto obligados a presentar los casos ante los Tribunales de Justicia”.
Así, acusaron a estos accionares de “dañar la imagen internacional de Chile como país seguro para la inversión extranjera. Con su interpretación errada de la legislación a aplicar para la renovación de los permisos de operación, destruye la certeza jurídica que en 2005 permitió una inversión sin precedentes”.
La denuncia de la Asociación Chilena de Casinos refiere al proceso de licitación para los 12 casinos cuyos permisos actuales vencen entre 2023 y 2024. Los actuales operadores han invertido más de 1.400 millones en los casinos, ante la promesa inicial —hace 15 años— de que tendrán derecho preferente para prorrogar sus licencias por otros 15 años. Sin embargo, el proceso iniciado el pasado 24 de mayo no incluye este beneficio, por lo que los operadores han denunciado al regulador.
Para concluir, la Asociación aseguró que “llegó la hora de rectificar conductas, abrir el diálogo y recomponer las confianzas que permitan levantar una industria que hoy enfrenta graves problemas, objetivo para el cual expresamos nuestra mejor disposición y colaboración”.
