Puerto Rico continuará sin fiscalizar las tragamonedas

A pesar de haber anunciado que Puerto Rico comenzaría a recaudar el dinero proveniente de las máquinas tragamonedas, el Gobierno no sacará rédito del sector por lo menos hasta que finalice el proceso legal que desafía las reglas de la Comisión de Juegos.

Debido a una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se anuló el reglamento que opera el sistema de interconexión de las máquinas, que permite fiscalizar las licencias, según detalló El Vocero.

Orlando Rivera, director ejecutivo de la Comisión de Juegos, sostuvo que este proceso “está atrasando la economía del país”, ya que el pago de las licencias le permite al Gobierno acceder a 30 millones de dólares anuales en recaudación.

La decisión del Tribunal surge de una demanda de Electronic Games Inc, que citó que los reglamentos exceden las facultades de la Compañía de Turismo, y por ende son inconstitucionales.

Sin embargo, la Compañía de Turismo, que estuvo a cargo de reglamentar las máquinas hasta 2019, detalló que llevó a cabo este proceso para que no se interrumpieran los servicios, aún cuando se aprobó otra ley para transferirle los permisos a la Comisión.

“Si se aprueba la anulación de los reglamentos, todo lo que yo he hecho de enero hasta ahora queda nulo. Todas las licencias que se dieron hay que revocarlas y comenzar un nuevo proceso de análisis. Yo fui demandado y a mí nunca me llamaron, nunca vi a la jueza”, dijo Rivera, quien aseguró que en caso de que no se reconsidere la medida, recurrirá al Tribunal Apelativo.

Para Rivera, reglamentar las máquinas es clave ya que le permitiría al Gobierno llevar un registro de su actividad y de los premios entregados a los clientes. “Es lo que queremos implementar para poder legitimizar ese negocio”, dijo, según el medio local.

Esta iniciativa determina que el 67 por ciento de las ganancias es para los dueños, mientras que el 33 por ciento restante se lo lleva el Gobierno. De la porción estatal, el 50 por ciento es para el retiro de la policía, el 45 por ciento para los municipios y el 5 por ciento para la Comisión.